Derecho Mercantil y Societario

01 Una piedra demasiado pesada para un hombre solo

La sociedad mercantil no se inventó en un despacho. Apareció en la Edad Media, cuando el comercio empezó a exigir más de lo que un patrimonio individual podía sostener. María Susana Dávalos Torres, que estudia el desarrollo del derecho mercantil en México, sitúa el arranque en los gremios: comerciantes y artesanos que se agrupan para organizar su oficio y defender intereses comunes.

El salto llega con los grandes descubrimientos geográficos. Las expediciones abrían mercados enteros, pero exigían un desembolso que, según explica la misma autora, difícilmente podía soportar un solo comerciante. Y no solo por la cantidad de dinero: pesaba más el excesivo riesgo de perder la inversión completa.

Conviene detenerse en esa distinción, porque explica por qué nació una figura jurídica y no simplemente un préstamo. Reunir capital es un problema de cantidad. Repartir el riesgo es un problema de estructura, y solo se resuelve creando una entidad en la que varios entren a la vez.

02 La commenda, la sociedad colectiva y las tres notas

El derecho romano ya conocía una figura asociativa, la societas, pero no servía para este oficio. El catedrático español Carlos Vargas Vasserot, al examinar la evolución histórica del derecho mercantil en España, explica que las nuevas formas aparecieron precisamente por ese desajuste.

De ese hueco salen las dos figuras que interesan. La commenda nace en el comercio marítimo y asocia a quien aporta el capital con quien aporta el trabajo de navegar. La sociedad colectiva tiene otro origen, más doméstico: procede de las comunidades familiares hereditarias, en las que los herederos seguían explotando el negocio del padre.

Ahora bien, si la sociedad colectiva viene de la familia, hace falta explicar en qué deja de ser una familia. El mismo autor español lo resuelve con una fórmula precisa, y conviene leerla entera porque nombra dos términos de comparación, no uno.

La finalidad de lucro la separa de la comunidad familiar, que administra un patrimonio común sin perseguir necesariamente una ganancia repartible. La responsabilidad solidaria compromete a cada socio con su propio patrimonio por las deudas de la compañía entera. Y el ejercicio bajo nombre propio es el que más lejos llega: la empresa aparece en el mercado con una identidad que no es la de ninguno de sus miembros.

03 Dónde empieza la compañía en el derecho ecuatoriano

La doctrina explica de dónde viene la figura. Para saber cómo nace hoy una compañía en el Ecuador hay que ir al derecho positivo, y el punto de partida es el primer artículo de la Ley de Compañías.

El artículo hace dos cosas distintas en una sola frase larga, y conviene separarlas. Primero abre dos vías de constitución: el contrato, entre dos o más personas naturales o jurídicas que unen capitales, trabajo o conocimiento; y el acto unilateral, por el que una sola persona destina aportes de capital para emprender por su cuenta.

Después fija el orden normativo que rige la vida de esa compañía, y remite a cuatro cuerpos: esta misma ley, el Código de Comercio, el contrato social o el acto unilateral constitutivo y el Código Civil. Retenga ese reenvío, porque explica por qué en esta materia rara vez basta con un solo código.

04 Lo que aquella historia no podía prever

Compare ahora las dos mitades del apartado y verá una asimetría. Ni Dávalos Torres desde México ni Vargas Vasserot desde España tratan la sociedad de un solo socio. No es un descuido de ninguno de los dos: estudian una figura que, en su origen, era necesariamente de varios.

La sociedad medieval nació plurisubjetiva porque su razón de ser era repartir entre varios un riesgo insoportable para uno. La unipersonalidad llega mucho después, como decisión legislativa contemporánea, y llega justamente al lugar donde la historia había puesto su condición de existencia.

De modo que el artículo 1 de la Ley de Compañías no es solo una regla de trámite. Recoge, en la misma frase, la forma antigua y la moderna, y deja al lector la tarea de explicar cómo conviven.

01 La compañía en nombre colectivo

De todas las formas societarias que estudiará este bloque, esta es la más antigua. Maliza Cerezo, Castro-Cerezo y Maliza-Cerezo, en un análisis comparativo de las sociedades comerciales ecuatorianas publicado en la revista X-Pedientes Económicos, la sitúan en la Edad Media y explican de dónde viene su nombre: los comerciantes de entonces pertenecían a una misma familia, se reunían en casa y despachaban sus negocios alrededor de una mesa. De ahí, literalmente, «compañía».

La ley ecuatoriana la define por su razón social.

Esa última frase no es un detalle de estilo. Si la razón social solo puede llevar nombres de socios, el tercero que contrata sabe leer en el propio nombre de la compañía quiénes están detrás con su patrimonio. La forma societaria más antigua protege al acreedor por el procedimiento más simple que existe: diciéndole a quién puede cobrarle.

Un cambio reciente que conviene no pasar por alto

La reforma de 2023 introdujo en ese artículo una novedad de fondo: la compañía en nombre colectivo puede constituirse hoy por una sola persona natural. La forma nacida para asociar a varios comerciantes admite ahora un solo socio. Lo que no cambió es la restricción subjetiva: solo personas naturales pueden serlo, nunca personas jurídicas.

Los mismos autores describen dos rasgos de funcionamiento que conviene retener. Todos los socios tienen derecho a administrar, salvo que el contrato disponga otra cosa, y ninguno puede pertenecer a otra empresa del mismo objeto ni comerciar por cuenta propia o de un tercero. La compañía se constituye por escritura pública, conforme al artículo 38.

02 La comandita simple, o dos clases de socio bajo un mismo techo

La comandita resuelve un problema que la colectiva no resolvía: cómo atraer a quien tiene dinero pero no quiere arriesgar su patrimonio entero ni meterse a administrar. La ley lo hace partiendo a los socios en dos.

El comanditado gestiona y responde con todo. El comanditario pone fondos y responde hasta donde llega su aporte. Toda la sección se entiende si se retiene que ese límite es un privilegio condicionado, y que la ley prevé dos formas de perderlo.

La primera es el nombre. La razón social se forma con el nombre de los socios solidariamente responsables. Si un comanditario tolera que el suyo aparezca en ella, queda solidaria e ilimitadamente responsable de las obligaciones de la compañía. El acreedor que leyó ese nombre confió en él, y la ley protege esa confianza.

La segunda es la gestión. El artículo 73 prohíbe al comanditario ejecutar personalmente actos de gestión, intervención o administración que produzcan obligaciones o derechos para la compañía, ni siquiera como apoderado de los socios administradores. Si contraviene esa prohibición, queda obligado solidariamente por todas las deudas sociales.

03 Lo que las dos comparten

Conviene deshacer aquí una confusión de numeración que se arrastra en muchos apuntes. Los artículos 74 a 91 no son el régimen de la comandita simple: forman una sección de disposiciones comunes a la compañía en nombre colectivo y a la en comandita simple. Es el tronco compartido de las dos formas personalistas, y su primer artículo enuncia el principio que las une.

Separe las dos palabras, porque no dicen lo mismo. Solidaria significa que el acreedor puede reclamar la deuda íntegra a cualquiera de ellos, sin repartirla ni seguir un orden. Ilimitada significa que la garantía no se detiene en lo aportado a la compañía: alcanza los bienes presentes y futuros del socio. Y note la condición final del artículo, que suele pasarse por alto: el acto obliga a todos siempre que quien lo ejecutó estuviera autorizado para obrar por la compañía.

04 La comandita por acciones, o cómo una ley evita repetirse

La tercera figura combina el reparto de riesgo de la comandita con la técnica de la anónima. Su capital se divide en acciones nominativas de igual valor, y al menos la décima parte debe aportarla el grupo de los comanditados, que reciben por ella certificados nominativos intransferibles. La razón de esa intransferibilidad se entiende sola: quien responde con todo su patrimonio no puede desaparecer de la compañía vendiendo su parte a un desconocido.

Aparece además una asimetría de capacidad que no existía en la comandita simple: comanditados solo pueden serlo personas naturales, pero comanditarias sí pueden serlo las personas jurídicas.

Y queda una pregunta razonable: si esta compañía tiene acciones, juntas y administración, ¿por qué su sección es tan corta? La ley responde con una remisión.

La sección regula únicamente lo que hace distinta a esta compañía —la presencia de socios comanditados, la décima parte del capital, los certificados intransferibles— y toma prestado de la anónima todo lo demás. No es una laguna: es economía legislativa, y explica por qué al estudiar esta figura tendrá que volver sobre el subpunto de la compañía anónima.

01 Qué es y cómo nace

Después de las formas personalistas del apartado anterior, la compañía de responsabilidad limitada introduce el cambio que ordena todo el derecho societario moderno: separar el patrimonio de la empresa del patrimonio de quienes la forman. La ley lo dice en la primera línea de su régimen.

Tres cosas en una sola frase. Nace por contrato o por acto unilateral, de modo que vale aquí lo que vimos en el artículo 1. El socio responde hasta el monto de su aporte. Y el nombre puede ser una razón social o una denominación objetiva, a diferencia de la compañía en nombre colectivo, donde solo cabían nombres de socios. La palabra «Limitada» no es decorativa: avisa al tercero de que detrás no hay patrimonios personales a los que acudir.

El resto del régimen fija los contornos. No puede funcionar con más de quince socios, y si los excede debe transformarse o disolverse. El capital se divide en participaciones que, según el artículo 106, son «iguales, acumulativas e indivisibles». Al constituirse, el capital se suscribe íntegramente y se paga al menos en el cincuenta por ciento de cada participación, con un plazo máximo de doce meses para completar el saldo.

Maliza Cerezo, Castro-Cerezo y Maliza-Cerezo, en su análisis comparativo de las sociedades ecuatorianas, sitúan el origen de esta figura fuera del derecho continental: siguiendo a Castro V., la remontan a las formas del derecho inglés, empezando por la private company.

02 La grieta que existía antes de marzo de 2023

Hasta aquí, la promesa. Nathaly Sabrina Cedeño Véliz y José Luis Vásconez Donoso, en un estudio sobre la responsabilidad limitada en el Ecuador publicado en la USFQ Law Review, muestran que en los tribunales esa promesa se cumplía a medias. La redacción anterior de la ley permitía lo que ellos llaman una perforación del principio.

El mecanismo era este. Cuando la compañía dejaba deudas con sus trabajadores, los jueces laborales alcanzaban el patrimonio de los socios apoyándose en el artículo 41 del Código del Trabajo, que hace solidariamente responsables a los empleadores frente al trabajador, y aplicando la doctrina del levantamiento del velo societario.

Y ahí está el problema que los autores señalan. El levantamiento del velo, recuerdan citando a Guillermo Cabanellas de las Cuevas, es un remedio excepcional, reservado a los casos en que la forma societaria se usa de manera abusiva: para burlar una ley, para quebrantar obligaciones contractuales o para perjudicar fraudulentamente a terceros. Su reproche es que se levantaba el velo sin que concurriera ninguna de esas tres causales, por el solo hecho de que la deuda fuera laboral.

03 Lo que cambió, y va al revés de lo que parece

La Ley Reformatoria a la Ley de Compañías para la Optimización e Impulso Empresarial y para el Fomento del Gobierno Corporativo, vigente desde el 15 de marzo de 2023, añadió al artículo 92 una cláusula que conviene leer despacio.

Es fácil leer esa frase al revés, y el error cambia el sentido entero del apartado. La reforma no debilita la responsabilidad limitada: la refuerza. Lo que hace es nombrar expresamente las dos deudas por las que el socio venía siendo alcanzado —las laborales y las tributarias— para decir que tampoco por ellas responde.

De modo que la puerta no se cierra del todo: queda una, estrecha y con llave judicial. Para alcanzar los bienes del socio por una deuda de la compañía en marcha ya no basta con invocar la solidaridad laboral. Hace falta que un juez haya desestimado antes la personalidad jurídica. Cedeño Véliz y Vásconez Donoso leen la reforma como una extensión del principio de responsabilidad limitada, y celebran que gane en seguridad jurídica.

Conviene precisar el alcance de esa regla, porque no cubre toda la vida de la compañía. El artículo 92 responde a la pregunta de quién paga las deudas de una compañía en funcionamiento. Cuando la compañía entra en liquidación, la ley abre otros supuestos, y a ellos se dedica el último apartado.

04 Una asimetría que conviene ver

La misma reforma introdujo una cláusula equivalente en la compañía anónima. Al ponerlas una junto a otra aparece una diferencia de una sola palabra.

La consecuencia práctica no es menor: en la anónima, un tribunal arbitral podría desestimar la personalidad jurídica; en la limitada, según la letra del artículo 92, esa vía no aparece. La ley no explica por qué, y este apartado no le atribuye al legislador una intención que no consta en el texto. Quede como dato para leer con cuidado y, llegado el caso, para discutir.

05 Y cuando la compañía se liquida

Todo lo anterior responde a una sola pregunta: quién paga las deudas de una compañía en funcionamiento. Cuando la compañía entra en liquidación, la ley abre otros supuestos, y en varios de ellos el socio sí responde, alguna vez sin límite. Ese régimen se estudia en el subpunto 2.2.9, junto a la disolución y la cancelación, que es donde vive. Quede aquí el cuadro para que no se pierda de vista al leer el artículo 92.

Léase el cuadro al derecho y se ve el criterio del legislador. La responsabilidad limitada protege al socio que se comporta como socio: aporta, no administra si no le toca y no oculta deudas al cerrar. El artículo 17 de la ley lo enuncia como principio general desde la reforma de 2023: la separación entre la compañía y sus socios no opera cuando se comprueba que la compañía fue utilizada en fraude a la ley o con fines abusivos en perjuicio de terceros.

01 Qué es, según la ley

Con la compañía anónima el derecho societario da su salto conceptual más grande. Hasta aquí, las formas estudiadas se sostenían sobre quiénes eran los socios: la colectiva ponía sus nombres en la razón social y la limitada exige el acuerdo de todos para dejar entrar a un extraño. La anónima prescinde de eso.

Tres piezas, otra vez, en una sola frase. El capital se divide en acciones negociables; el accionista responde únicamente por el monto de sus acciones; y la compañía nace por contrato o por acto unilateral, igual que la limitada. El mismo artículo continúa con la cláusula sobre obligaciones laborales y tributarias que se estudió en el subpunto 2.2.3, y que en la anónima admite la desestimación de la personalidad jurídica también en sede arbitral.

Maliza Cerezo, Castro-Cerezo y Maliza-Cerezo, en su análisis comparativo de las sociedades ecuatorianas, resumen el carácter de esta figura en tres rasgos. El primero es la índole impersonal de la participación: lo que cuenta es cuánto se aporta, no quién aporta. El segundo es la división nítida entre el capital de los accionistas y el de la compañía. Y el tercero, como contrapeso, el deber del órgano de administración de rendir cuentas a los accionistas sobre la marcha de los negocios, para que quien puso el dinero pueda controlar su inversión.

02 Doscientos trece artículos, y por qué

Abra la ley por la Sección VI y no la cerrará pronto. La compañía anónima se regula desde el artículo 143 hasta el 300. Son 158 artículos numerados, a los que las reformas han ido añadiendo 55 más con numeración derivada, del tipo 216.1 o 272.14: 213 en total. La compañía de responsabilidad limitada reúne 58 y la compañía en nombre colectivo, 23. Ninguna otra especie societaria se acerca.

Esos artículos no se ocupan de cosas menores. Regulan la constitución, que puede ser simultánea o por suscripción pública; el capital en sus tres formas, autorizado, suscrito y pagado; las clases de acciones y su transferencia; la junta general y sus competencias, que el artículo 231 enumera una por una; y los órganos de administración y de fiscalización.

La pregunta interesante no es qué regulan, sino por qué hace falta tanto. Y la respuesta está en el rasgo que abrió el apartado.

03 La acción circula; la participación, no

Si hubiera que quedarse con una sola diferencia entre la anónima y la limitada, sería esta. No está en el capital ni en el número de socios: está en la facilidad para entrar y salir.

Lea las dos reglas seguidas y verá que no se distinguen por el grado, sino por la dirección. En la anónima, la libertad de negociar es tan fuerte que el estatuto tiene prohibido recortarla; lo que sí cabe es que los accionistas se aten entre ellos por pacto, fuera del estatuto. En la limitada, la cesión a un tercero depende del consentimiento unánime del capital social: un solo socio que se oponga bloquea la operación.

De ahí sale la función económica de cada forma. Quien invierte en una anónima sabe que podrá deshacer su inversión vendiendo el título, y esa certeza es la que permite reunir capital de muchos. La transferencia se instrumenta por escrito o por medio electrónico verificable y no surte efecto frente a la compañía ni frente a terceros sino desde su inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas. A eso se añade un dato que refuerza lo mismo: la anónima no tiene tope de accionistas, mientras la limitada no puede pasar de quince socios.

01 Qué es y cómo se constituye

Las cuatro formas anteriores de este bloque nacieron en siglos distintos y llegaron a la ley ecuatoriana por sedimentación. Esta llegó de golpe, en febrero de 2020, y no ocupa una sección numerada: la ley la incorporó como Sección Innumerada, de modo que sus artículos no tienen número y se citan por su título. Es una sociedad de capitales, siempre mercantil cualquiera que sea su actividad, y puede constituirla una sola persona o varias, naturales o jurídicas.

Cada palabra de esa frase elimina un trámite. Documento privado, y no escritura pública: no hay notario. Registro de Sociedades de la Superintendencia, y no Registro Mercantil. Y la vida jurídica nace con esa inscripción, no antes. La misma norma admite además la constitución por vía electrónica, conforme a la reglamentación de la Superintendencia.

Morales Navarrete y Silva Palacios, en un análisis comparado publicado en la Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, resumen ese cambio en una frase: estas sociedades «no necesitan de minutas, escrituras públicas ni inscripciones en el Registro Mercantil». Y observan la consecuencia económica inmediata, que los fundadores no incurren en gastos por su creación.

02 Sin capital mínimo

El segundo obstáculo que la figura desmonta es el dinero de entrada.

Las dos frases se explican juntas. Si la acción vale un dólar y la ley no exige un capital mínimo, la compañía puede nacer con un dólar de capital. Morales Navarrete y Silva Palacios lo señalan como lo más novedoso de la figura: estas compañías «no requieren de un capital social oneroso ya que, se las puede constituir con 1 USD».

Conviene comparar con lo estudiado. En la compañía de responsabilidad limitada y en la anónima, la ley no fija ella misma la cifra: remite al monto que establezca por resolución la Superintendencia de Compañías. Aquí no hay remisión ni cifra: no hay requerimiento.

Los mismos autores sitúan la llegada de la figura al Ecuador en 2020, de la mano de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, y recuerdan que para entonces en varios países de la región ya llevaba años vigente. Es, en el catálogo societario ecuatoriano, la recién llegada.

03 El rasgo que ninguna otra compañía tiene

Hasta aquí, simplificación de trámites. Lo que viene ahora no tiene equivalente en ninguna otra especie societaria del catálogo ecuatoriano.

Deténgase en lo que acaba de leer. En todas las formas anteriores, la responsabilidad limitada es indisponible: el socio la tiene porque la ley se la da, y no puede desprenderse de ella aunque quiera. Aquí la ley convierte esa protección en renunciable, y pone dos condiciones de forma —expresa y por escrito— y una consecuencia sin matices: quien renuncia responde solidaria e ilimitadamente por todos los actos de la sociedad, no solo por los que él intervino.

Vale la pena preguntarse para qué serviría renunciar a una protección. La respuesta está en el otro lado del mostrador: el acreedor que no se fía de una compañía constituida con un dólar puede exigir, como condición del crédito, que el accionista ponga su patrimonio detrás. La ley le da la herramienta para hacerlo dentro del propio derecho societario, sin necesidad de una fianza aparte.

04 Qué gana y qué pierde

Frente a la compañía de responsabilidad limitada y a la anónima, esta figura gana en todo lo que cuesta empezar: sin notario, sin Registro Mercantil, sin capital mínimo, con constitución electrónica y sin el tope de quince socios que el artículo 95 impone a la limitada. Pero pierde algo que la anónima sí tiene, y la pérdida es deliberada.

Recuerde el apartado anterior del bloque: la anónima existe para captar capital de muchos inversionistas, y su acción circula libremente porque el estatuto no puede impedirlo. La sociedad por acciones simplificada tiene acciones, pero no puede ofrecerlas al público. Sus títulos se negocian en privado. Es una sociedad de capital pensada para pocos, no para el mercado.

01 Una compañía con el Estado dentro

Las cinco formas anteriores de este bloque se distinguen por cómo reparten el riesgo entre particulares. La compañía de economía mixta se distingue por quién puede sentarse a la mesa. Maliza Cerezo, Castro-Cerezo y Maliza-Cerezo, en su análisis comparado de las sociedades ecuatorianas, la describen como la estructura que reúne el interés público y el capital privado en un mismo proyecto. La ley lo dice en el primer artículo de la sección.

Note las dos últimas palabras: y en la gestión social. El sector público no entra como financista silencioso ni como controlador externo, que es su papel habitual frente a las compañías. Entra como socio, con voz en las decisiones.

02 Para qué sirve, y qué puede aportar el Estado

Esta compañía no está disponible para cualquier negocio. El artículo 309 acota su objeto a las empresas dedicadas al desarrollo y fomento de la agricultura y de las industrias convenientes a la economía nacional, a la satisfacción de necesidades de orden colectivo, y a la prestación de nuevos servicios públicos o al mejoramiento de los ya establecidos. Fuera de ahí, la figura no procede.

El artículo 310 enumera después con qué puede aportar el sector público, y es donde aparece lo singular. Puede suscribir su aporte en dinero o entregar equipos, instrumentos agrícolas o industriales, bienes muebles e inmuebles, efectos públicos y negociables. Y puede aportar algo más:

Deténgase ahí, porque no hay nada equivalente en el resto de la ley. Lo que se aporta al capital social no es una cosa ni una suma: es un derecho a prestar un servicio, y por un plazo. El socio público pone sobre la mesa aquello que solo él puede poner, y lo valora como capital.

03 Quién manda dentro

Si el capital viene de dos sectores, la primera pregunta es cómo se reparte el gobierno. La ley no lo deja al estatuto por completo.

Dos reglas, distintas entre sí. La primera es de presencia: los dos sectores tienen que estar en el directorio, necesariamente, y en proporción a lo aportado. La segunda es de dirección: pasada la mitad del capital, la presidencia es del sector público. La ley no dice que el Estado deba tener esa mayoría; dice qué ocurre si la tiene.

Para lo demás, el artículo 313 remite a las reglas de la compañía anónima en cuanto a las funciones del directorio y del gerente. Es la misma técnica que ya vimos en la comandita por acciones: la sección regula lo propio y toma prestado el resto.

04 Lo que dice la Constitución

Ninguna otra forma de este bloque aparece nombrada en la Constitución por su propia naturaleza. Esta sí, y en tres lugares distintos.

El artículo 283 reconoce lo mixto como forma de organización económica y el 321 lo reconoce como forma de propiedad. El artículo 319 añade lo mismo respecto de las formas de organización de la producción. Hasta aquí, respaldo. El tercer texto, en cambio, añade una exigencia.

05 Las dos salidas

Una compañía con dos clases de socio puede terminar de dos maneras distintas, y la ley previó las dos.

Que salga el Estado. El artículo 316 de la Ley —no el de la Constitución— permite que el capital privado adquiera el aporte estatal, pagando su valor en efectivo previa valoración. Hecho eso, la compañía sigue funcionando como si fuera una compañía anónima, cesa la participación del Estado en el directorio y, sobre todo, se pierden las exoneraciones y beneficios que la ley concede a las de economía mixta. El régimen tributario privilegiado del artículo 315 de la Ley se va con el socio público que lo justificaba.

Que entre del todo. El artículo 317 contempla el camino inverso para las compañías formadas para prestar servicios públicos: vencido el término de duración, el Estado puede tomar a su cargo todas las acciones en poder de los particulares y transformar la compañía en una entidad administrativa para ese servicio.

06 Cuántas hay, y cuáles

Esta figura no es una curiosidad de manual. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros publica el listado de compañías de economía mixta inscritas, y en la consulta hecha para este material aparecían 55: 20 activas y 35 en disolución y liquidación. La más antigua se constituyó en 1972 y la más reciente en 2025, de modo que la figura sigue usándose.

Lea el listado con dos cautelas. La primera: el reporte da nombre, expediente, fecha, domicilio y situación legal, pero no publica la composición accionaria, de modo que de esa lista no se puede deducir quién es el socio público de cada una ni qué porcentaje tiene. La segunda: la situación legal cambia, y la del cuadro es la del día de la consulta.

Aun con esas cautelas, el listado dice dos cosas útiles. La primera, que el objeto de estas compañías se concentra donde el artículo 309 lo permite: agua potable, energía, mercados mayoristas, camales, terminales, agroindustria. La segunda, más incómoda: casi dos de cada tres están en disolución y liquidación, y entre ellas figura la más conocida, la Refinería del Pacífico. La figura tiene el respaldo constitucional más sólido del bloque y, aun así, el historial más desigual.

01 Una compañía que solo tiene acciones

Todas las compañías estudiadas hasta aquí existen para hacer algo: fabricar, vender, prestar un servicio. Esta existe para tener. Su objeto social es comprar acciones de otras y, con ellas, mandar.

Cuente los caminos del control que enumera la norma, porque son cinco y solo el primero es el evidente: propiedad accionaria, gestión, administración, responsabilidad crediticia o resultados. La ley admite que se controla también sin ser dueño de la mayoría —por un contrato de administración, por respaldar las deudas de la otra—, y esa amplitud es la que impide escapar del régimen mediante una participación pequeña.

El mismo artículo añade dos reglas que conviene retener. La primera es contable: cada compañía vinculada elabora y mantiene estados financieros individuales para el control, para las utilidades de los trabajadores y para los impuestos, y solo puede consolidar para otros propósitos. El grupo actúa junto, pero rinde cuentas por separado en lo que más importa. La segunda es societaria: la decisión de integrarse a un grupo la adopta la junta general de cada compañía, no la matriz por su cuenta.

02 Matriz, filial y subsidiaria

Los nombres del grupo no son intercambiables, y la diferencia entre filial y subsidiaria se pregunta en examen porque se confunde siempre.

La distinción está en el camino, no en el grado de control. Si la matriz manda directamente, la controlada es filial. Si manda a través de otra subordinada, la del extremo es subsidiaria. Una matriz cuencana que posee las acciones de una fábrica tiene una filial; si esa fábrica compra a su vez una importadora, la importadora es subsidiaria de la matriz, aunque la matriz no tenga una sola acción suya.

El artículo 429.3 completa el cuadro diciendo cuándo se presume la subordinación, y su primer supuesto es el que se espera: que más del cincuenta por ciento del capital pertenezca a la matriz, computando solo las acciones con derecho de voto, sea directamente o por intermedio de sus subordinadas.

Y no todos los grupos tienen esa forma piramidal. El artículo 429.1 distingue grupos verticales y horizontales, y el 429.5 define los horizontales o de coordinación como los formados por compañías sometidas a una misma unidad de decisión, porque las controlan por cualquier medio una o varias personas que actúan conjuntamente, o porque se hallan bajo dirección única por acuerdos contractuales o cláusulas estatutarias. Ahí no hay matriz ni subordinada: hay compañías que obedecen a la misma cabeza sin depender unas de otras.

03 Para qué se usa, según la única tesis del corpus

Fabricio José Moreno Crespo dedicó a esta figura una tesis de grado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Azuay, con un enfoque a la vez societario y tributario. Es la única fuente del corpus de la asignatura dedicada específicamente al holding en el derecho ecuatoriano, y conviene leerla sabiendo qué es: un trabajo académico de grado, no una obra de referencia consolidada.

Su pregunta no es qué es un holding, sino por qué los grandes grupos empresariales del país han decidido organizarse así. El autor identifica cuatro oportunidades que esos grupos han reconocido e implementado en su estructura societaria: el financiamiento interno del grupo empresarial, la regulación particular en impuestos nacionales y municipales, las prácticas de un buen gobierno corporativo y la operatividad efectiva de las compañías holding.

Reténgalo como lo que es: la enumeración de los motivos que el autor encuentra en la práctica corporativa ecuatoriana, ponderados en su trabajo frente a los desafíos que también acarrean. No es una recomendación de gestión ni una lista de ventajas que este material suscriba.

04 La prohibición que sostiene todo

Llegamos a la pieza que da sentido al resto de la sección, y es una prohibición.

Tres alcances en pocas líneas. Prohíbe la compra directa e indirecta, de modo que no sirve interponer a un tercero. Alcanza también a los administradores de la subordinada, no solo a la compañía. Y la consecuencia no es una multa: es la nulidad de la adquisición. El mismo artículo extiende la prohibición a las compañías controladas por la holding respecto de las acciones de su tenedora.

Por qué la ley se pone tan seria

Siga el dinero. La matriz aporta capital para constituir una filial; la filial usa ese mismo dinero para comprar acciones de la matriz. En los libros aparecen dos capitales sociales, uno en cada compañía. En la realidad, el patrimonio que respalda a los acreedores es el mismo, contado dos veces.

Eso es el capital ficticio, y por eso la sanción es la nulidad y no una sanción menor. Lo que protege el artículo 429.4 no es el orden interno del grupo: es la veracidad del capital social frente a quien confía en esa cifra para dar crédito, para vender a plazo o para calcular lo que le corresponde.

01 Transformación: la misma persona, otra forma

De las cuatro figuras, la transformación es la que menos cambia y la que más confunde. Se cambia de especie societaria, y a primera vista parece que nace otra compañía. La ley dice lo contrario en su primera línea.

Subraye las dos negaciones: ni disolución ni pérdida de personería. La compañía limitada que se transforma en anónima es la misma persona jurídica del día anterior, con sus mismos contratos y sus mismas deudas. Lo que cambia es la forma, y con la forma cambia algo que este bloque ha estudiado apartado por apartado: el régimen de responsabilidad y las reglas de circulación de la participación.

Por eso la ley protege a quien no votó ese cambio.

Note quiénes están protegidos: no solo el que votó en contra, también el que no fue a la junta. El mismo artículo precisa que el acuerdo de transformación solo obliga a quienes votaron a favor, y que el reembolso se calcula sobre el balance de transformación más el interés máximo convencional.

02 Fusión: dos caminos para un mismo resultado

En la fusión por creación, las compañías que se unen desaparecen y nace una nueva que las sucede. En la fusión por absorción, una de ellas sigue viva y se queda con el patrimonio de las demás. El resultado económico se parece; el jurídico no, porque en el primer caso hay una persona jurídica nueva y en el segundo no.

El artículo 338 describe el procedimiento. Para la fusión en una compañía nueva se acuerda primero la disolución y luego se procede al traspaso en bloque de los patrimonios sociales; si la fusión resulta de una absorción, la compañía que subsiste adquiere del mismo modo los patrimonios de las absorbidas, aumentando su capital en la cuantía que proceda. Y los socios de las compañías extinguidas no se quedan fuera: reciben acciones o participaciones de la nueva compañía o de la absorbente.

03 Escisión: el camino inverso

La escisión es la operación contraria a la fusión. El artículo 345 faculta a la junta general para acordar la división de la compañía en una o más sociedades. Y el siguiente artículo fija una asimetría que conviene retener.

La que se divide sigue siendo lo que era; las que nacen pueden ser de otra especie. Una compañía anónima que se escinde continúa siendo anónima, pero puede dar origen a una compañía de responsabilidad limitada. Es la ley reconociendo que cada parte del negocio puede necesitar una forma distinta.

04 Intervención: la que no deciden los socios

Las tres figuras anteriores nacen de un acuerdo de la junta general. Esta no. La intervención es una medida de control que adopta el Superintendente de Compañías, y su lugar en el subpunto se entiende mejor mirando de dónde viene esa potestad.

La palabra intervención está ahí, en el texto constitucional, junto a la vigilancia, la auditoría y el control. No es una ocurrencia de la Ley de Compañías: es una de las cuatro funciones que la Constitución asigna a las superintendencias.

En la ley, el artículo 353 faculta al Superintendente a designar uno o más interventores «para que supervigilen la marcha económica de la compañía», y el artículo 354 precisa que la medida solo procede en los casos que él mismo enumera. El primero de esos casos es el que más interesa a un estudiante de primer año: que lo solicite uno o más socios o accionistas manifestando que han sufrido o se hallan en riesgo de sufrir grave perjuicio por incumplimiento o violación de la ley, sus reglamentos o el estatuto.

El propósito de la medida lo enuncia Ortiz Herbener como «corregir o remediar las irregularidades», y el artículo 357 lo recoge casi con las mismas palabras: la actuación del interventor se concreta a propiciar la corrección de las irregularidades que determinaron su designación, a procurar el mantenimiento del patrimonio de la compañía y a evitar perjuicios a socios, accionistas o terceros. Y añade un límite temporal: dura solo lo necesario para superar la situación anómala.

01 Disolver no es liquidar, y ninguna de las dos cosas es morir

Quien se acerca por primera vez al final de la vida societaria suele fundir en un solo acto lo que el derecho separa en tres momentos. Ortiz Illescas y Reinoso Granda, en un trabajo de la Escuela de Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Cuenca, definen la disolución como el acto jurídico que abre el proceso de liquidación, y la liquidación como la terminación de las actividades mercantiles, la realización de los activos para pagar la totalidad de los pasivos.

La distinción no es terminológica. Entre la disolución y la extinción hay un tramo que puede durar años, y durante ese tramo la compañía sigue existiendo. La ley lo dice sin rodeos.

Léalo despacio, porque ahí está el régimen entero en una frase. La compañía disuelta no puede emprender negocios nuevos y sí puede cobrar lo que le deben, vender lo que tiene y pagar a quien corresponda. El mismo artículo advierte de la consecuencia de confundirse: quien realice actos ajenos a ese fin responde de forma ilimitada y solidaria.

02 Los cuatro modos de disolver una compañía hoy

El artículo 359 de la Ley de Compañías, en la redacción que le dio la reforma de 2018, no enumera causales: enumera vías. Una compañía se disuelve de pleno derecho, por voluntad de los socios o accionistas, por decisión de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros o por sentencia ejecutoriada. El reglamento de 2021 repite esa misma clasificación en su artículo 2.

La primera vía opera sola. El artículo 361 dispone que la disolución de pleno derecho no requiere declaratoria, publicación ni inscripción: basta que ocurra el hecho previsto —el vencimiento del plazo de duración, el auto de quiebra ejecutoriado, el incumplimiento de elevar el capital al mínimo legal— para que la compañía quede disuelta. La segunda nace de la junta general. La tercera es un acto administrativo y la cuarta, una sentencia.

Conviene despejar un malentendido frecuente sobre el papel del reglamento, porque de él dependen muchas respuestas de examen.

03 Por qué el programa dice «inactividad» y la ley de hoy no

Busque la palabra inactividad en la Ley de Compañías vigente y no la encontrará como causal. Búsquela en el reglamento de 2021 y tampoco: sus seis capítulos son generalidades, disolución y liquidación, cancelación, reactivación, trámite abreviado y revocatoria del permiso de las compañías extranjeras. La conclusión fácil sería que el título del subpunto está mal. La correcta es otra: el título es más antiguo que la ley que usted estudia.

Lo que decía la norma derogada

Hasta 2018, la sección XII de la Ley de Compañías se llamaba, en efecto, «De la inactividad, disolución, reactivación, liquidación y cancelación». Y la inactividad tenía artículo propio. El trabajo de Ortiz Illescas y Reinoso Granda, escrito en 2012, lo transcribe cuando aún estaba en vigor.

Fíjese en la arquitectura de la norma derogada, porque ahí está la lección. La causa era no haber operado. El incumplimiento del deber de informar del artículo 20 no era la causa: era una presunción de esa falta de operaciones, y toda presunción admite prueba en contrario. Además, la declaratoria de inactividad no disolvía nada por sí sola. El artículo siguiente, también derogado, abría un plazo.

Cuándo y cómo desapareció

La Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, publicada en 2018, sustituyó esa sección XII completa. Lo declara el considerando del reglamento de la Superintendencia de 2019, que retiró a su vez la inactividad de la normativa reglamentaria: aquella ley «sustituyó la Sección XII de la Ley de Compañías, relativa a la Inactividad, Disolución, Reactivación, Liquidación y Cancelación de compañías».

Lo que hoy ocupa ese lugar es un numeral entre las causales de disolución por decisión del Superintendente.

El artículo 20 es el deber de enviar cada año a la Superintendencia los estados financieros, los informes de los administradores y la nómina de administradores, representantes legales y socios o accionistas. Dos años sin cumplirlo bastan.

Hay una excepción que conviene retener porque cambia de vía y de plazo. En las sociedades por acciones simplificadas, el mismo incumplimiento del artículo 20 durante tres ejercicios económicos consecutivos es causal de disolución de pleno derecho, y el artículo 5 del reglamento describe el automatismo: el sistema integrado de trámites emite la alerta y genera la resolución que ordena la liquidación para la firma del Superintendente.

04 Volver atrás o cerrar del todo

Disuelta la compañía, el ordenamiento deja abiertas las dos salidas. La reactivación permite retornar a la vida activa, y el artículo 45 del reglamento fija con precisión hasta cuándo cabe.

Dos condiciones, entonces, y ninguna negociable: que la causa esté superada y que la inscripción no se haya cancelado todavía. El órgano competente para decidirlo es la junta general o la asamblea de accionistas, y el expediente lo presenta el liquidador o el representante legal a cargo, con los documentos que justifiquen la superación y el acta de esa junta. Si la disolución vino del vencimiento del plazo, la junta tiene que fijar uno nuevo y reformar el estatuto.

La cancelación es la salida contraria. Concluida la liquidación, la Superintendencia expide la resolución que ordena cancelar la inscripción, y con ella se cierra el expediente. Ahí termina, ahora sí, la vida jurídica de la compañía.

05 Quién paga cuando la compañía cierra debiendo

Queda una pregunta que el proceso de liquidación plantea siempre y que conviene contestar aquí: si la compañía se liquida y quedan deudas sin pagar, ¿de verdad los socios no responden? En una compañía de responsabilidad limitada o en una anónima, el artículo 92 y el 143 dicen que el socio responde solo hasta su aporte —eso se estudia en el subpunto 2.2.3—, pero esa regla gobierna a la compañía en funcionamiento. Cerrando la compañía, la ley abre otros supuestos, y conviene separar cuatro, porque no responden igual.

El primero, y el más corriente, es limitado. Si el haber social ya se repartió y aparecen nuevos acreedores, el artículo 403 les permite reclamar por vía judicial a los socios o accionistas adjudicatarios, pero solo «en proporción a la cuota de liquidación percibida y hasta el monto que éstos hubieren recibido», y dentro de los tres años siguientes a la aprobación del balance final. El socio devuelve lo que se llevó, no más.

El segundo es ilimitado, y castiga el fraude.

El tercero es el que más importa en la práctica reciente, porque nació con la reforma de 2023 y aparece en un trámite que las compañías pequeñas usan mucho: la cancelación expedita. Para acogerse a ella, todos los socios y el representante legal declaran en junta que la sociedad no tiene obligaciones pendientes con terceros, y la propia ley les hace declarar que conocen la consecuencia de equivocarse.

Y no es una fórmula de estilo. El artículo 414.20 dispone que la Superintendencia ordene esa cancelación sin exigir libros sociales ni asientos contables, sustituyéndolos por una declaración bajo juramento de los socios sobre la veracidad de lo que presentan. El control documental se cambia por responsabilidad personal: si la declaración era falsa, responden ellos.

El cuarto vigila el periodo intermedio, y es el artículo 363 que este apartado ya transcribió: quien realice operaciones ajenas a la liquidación responde de forma ilimitada y solidaria, y con él los socios o accionistas que las hubieran autorizado.

Léase la tabla al derecho y se ve el criterio del legislador. La responsabilidad limitada protege al socio que se comporta como socio: aporta, no administra si no le toca y no oculta deudas al cerrar. En cuanto reparte un haber que no le correspondía, firma una declaración falsa o cierra la compañía para dejar acreedores atrás, el escudo desaparece. El artículo 17 de la ley lo dice como principio general desde la reforma de 2023: la separación entre la compañía y sus socios no opera cuando se comprueba que la compañía fue utilizada en fraude a la ley o con fines abusivos en perjuicio de terceros.

01 Quién está obligado

Lea el artículo que abre la Sección IX buscando una cifra y no la encontrará. Es lo primero que hay que entender de este subpunto.

La ley usa una remisión reglamentaria: encarga a la Superintendencia fijar el umbral. No es pereza del legislador. Un monto escrito en la ley envejece con la inflación y solo se corrige reformando la ley entera; un monto en resolución se actualiza cuando hace falta.

La resolución vigente es la SCVS-INC-DNCDN-2025-0005, y llevó esa lógica un paso más allá: dejó de expresar los umbrales en dólares y los expresó en salarios básicos unificados.

Para las compañías de economía mixta, anónimas y sociedades por acciones simplificadas con participación de personas jurídicas de derecho público o privado con finalidad social o pública, y para las sucursales de compañías extranjeras, el umbral es menor: 273 salarios básicos unificados. Y se obligan además las compañías que deban presentar balances consolidados, cualquiera que sea su activo.

Queda una puerta más, y conviene conocerla. El propio artículo 318 faculta al Superintendente para disponer excepcionalmente que una compañía con activos inferiores al umbral someta sus estados financieros a auditoría externa, cuando existan dudas fundadas sobre su realidad financiera, sobre la base de un informe previo de inspección o a solicitud de los comisarios, siempre que el estatuto prevea su existencia.

02 La auditoría como llave

Sería fácil leer esta obligación como una carga más. El propio artículo 318 muestra que es también lo contrario.

Repase esa lista despacio, porque describe casi todo lo que una empresa mediana necesita hacer para crecer: pedir crédito, salir a Bolsa, acogerse a incentivos, competir por contratos públicos y declarar el impuesto a la renta. Sin el informe, esas puertas quedan cerradas.

03 Qué hace exactamente el auditor

Dos ideas, y la segunda suele pasarse por alto. La primera: el objeto del encargo es emitir un dictamen sobre los estados financieros, no administrar ni decidir. La segunda: ese dictamen se emite sin perjuicio de la fiscalización de los comisarios y del control de la Superintendencia. La auditoría externa no sustituye a los otros controles; se suma a ellos. Quien piense que una compañía auditada ya no necesita comisarios ha leído mal el artículo.

Una mirada comparada

Javiera Vela Dupré, de la Universidad de los Andes, dedicó un estudio a la pregunta por la función sustantiva de esta institución en el derecho chileno, cuyo régimen descansa en dos leyes de 1981, la de sociedades anónimas y la de mercado de valores. Su respuesta, en sus propias palabras, es que la auditoría externa es

Es doctrina comparada y no describe el ordenamiento ecuatoriano, pero la idea ilumina el artículo 319: cuando una compañía crece, el control deja de poder hacerse solo desde dentro y con voluntarios. Ese mismo estudio recoge que la doctrina chilena de mediados del siglo pasado ya calificaba de poco eficaz la fiscalización mediante inspectores de cuentas. La auditoría profesional independiente aparece como respuesta a esa insuficiencia.

04 Las garantías de independencia

Un dictamen vale lo que valga la independencia de quien lo firma. La ley la protege con cuatro reglas encadenadas.

Quién elige. El artículo 320 dispone que la selección se haga del Registro de firmas auditoras calificadas por la Superintendencia, y que la efectúe la junta general de socios o accionistas, o el apoderado general en las sucursales extranjeras. No la eligen los administradores, que son precisamente los examinados.

Cuándo se contrata. El artículo 321 exige contratarlo hasta noventa días antes del cierre del ejercicio, e informar a la Superintendencia dentro de los treinta días siguientes. El auditor se nombra antes de saber cómo terminará el año.

Qué puede ver. El artículo 322 le da acceso en todo tiempo a la contabilidad y libros, y lo faculta para exigir a los administradores información, documentos, análisis, conciliaciones y explicaciones.

A quién responde. El artículo 324 permite que los auditores sean llamados a la junta general por el directorio o por socios que representen al menos el diez por ciento del capital social pagado, para aclarar aspectos de su informe. La minoría tiene, así, un modo de preguntar directamente.

Las cuatro prohibiciones apuntan al mismo riesgo: que el auditor deje de ser un tercero. Y el artículo 326 cierra el sistema por el otro extremo, permitiendo a la Superintendencia retirar la calificación y eliminar del Registro Nacional a la firma que incumpla sus obligaciones contractuales o incurra en manifiestas faltas de idoneidad.

01 Quién no puede ser auditor

El subpunto anterior explicó qué hace el auditor y quién lo elige. Este se ocupa de lo que la ley hace para que ese encargo no se convierta en una formalidad entre conocidos. Empieza por una lista de exclusiones.

El artículo 328 impide ser auditor externo, en primer lugar, a quienes ya trabajan para la compañía o la asesoran: empleados, contadores, comisarios, asesores, peritos y consultores de la compañía auditada o de sus partes relacionadas. También a sus administradores, socios o accionistas. La razón es evidente: nadie puede examinar con distancia un trabajo que es suyo.

De ahí la exclusión se extiende al círculo familiar, y con precisión civil: el cónyuge, el conviviente legalmente reconocido y cualquier pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de esas personas. Alcanza además a la firma auditora en la que los administradores, socios o accionistas de la compañía auditada tengan participación, y a las firmas extranjeras que no cuenten con sucursal permanente en el país.

02 Cinco años, y dos de aislamiento

Las inhabilidades resuelven quién no puede empezar. Falta lo otro: qué pasa cuando el auditor lleva demasiado tiempo en la misma casa. La ley lo resuelve con una regla de una sola línea.

Cinco ejercicios y se rota. No porque el auditor haya hecho algo mal, sino porque la familiaridad prolongada erosiona la distancia sin que nadie lo decida. El mismo artículo protege los otros dos flancos, el de antes y el de después.

Léalo como lo que es: una prohibición de vender otra cosa. Quien asesoró a la compañía el año pasado no puede auditarla este; quien la auditó no puede venderle consultoría al año siguiente. Sin esas dos reglas, la auditoría podría convertirse en la puerta de entrada o de salida de un negocio mayor, y el dictamen sería una cortesía entre proveedores.

03 El calendario, que no es un detalle

La independencia también se protege con el reloj. La ley encadena plazos de modo que ninguna pieza dependa de la voluntad del auditado en el último momento.

Note el primero de todos. El auditor se contrata noventa días antes de que termine el ejercicio, es decir, cuando todavía no se sabe cómo van a cerrar las cuentas. No se elige auditor mirando el resultado.

El artículo 323 añade además con qué reglas técnicas se trabaja: las firmas calificadas deben realizar el examen con sujeción a las normas de auditoría vigentes y a los reglamentos, resoluciones y disposiciones que dicte la Superintendencia, a la que corresponde fijar por resolución los requisitos mínimos del informe.

04 Qué pasa si la compañía simplemente no la contrata

Dos escalones, y el segundo es de otra naturaleza. El primero es económico: una multa. El segundo no es una sanción de dinero sino la entrada del Estado en la compañía: la intervención que se estudió en el subpunto 2.2.8, con un interventor designado para supervigilar la marcha económica. La ley trata la negativa persistente a auditarse como lo que es, un indicio de que ahí dentro hay algo que no se quiere mostrar.

05 La otra auditoría externa

Y aquí la particularidad que más sorprende a quien llega nuevo a la materia: en el Ecuador no hay una auditoría externa obligatoria, hay dos, y no se confunden.

La primera es la que ha ocupado los apartados anteriores: la auditoría de los estados financieros, regulada en la Ley de Compañías. La segunda la impone la Resolución SCVS-INC-DNCDN-2024-0005 a los sujetos obligados del sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, y examina algo distinto: no las cuentas, sino el funcionamiento de ese sistema de prevención.

Y el archivo dura más de lo que suele imaginarse. La misma resolución ordena a sujetos obligados y auditores «conservar toda la información y documentación que hayan utilizado para levantar el informe […] por un período de 10 años, contados a partir de la recepción del informe de auditoría externa en prevención de lavado de activos […] en esta institución». Si se guarda en digital, cada prueba y cada papel de trabajo debe quedar identificado de forma clara y legible antes del escaneo, con su fecha de revisión, o se considerará que no formó parte de la revisión.

01 Qué se mira aquí, y qué no

Quiénes no pueden ser auditores externos en el Ecuador quedó explicado en el subpunto 2.3.3, con la lista de personas del artículo 328 y las reglas de rotación y enfriamiento del artículo 326. Este apartado no lo repite. Se ocupa de otra pregunta, que solo aparece cuando se mira hacia afuera: qué conflictos de interés existen en la práctica que nuestra ley no nombra.

Para eso sirve una fuente que estudia otro ordenamiento. Romero-García, López-Gavira y Pérez-López, de la Universidad de Sevilla, publicaron en 2017 un trabajo sobre los servicios adicionales de auditoría y la independencia del auditor en España. Nada de lo que sigue rige en el Ecuador. Lo que aporta es un mapa de riesgos que sirve para leer nuestra ley con otros ojos.

02 Los ocho servicios que encienden la alarma

La legislación española que estos autores examinan no se conforma con exigir independencia: enumera situaciones concretas en que se entiende comprometida. Son ocho.

El diseño y puesta en práctica de sistemas de tecnología de la información financiera, es decir, montarle al cliente el sistema con el que después llevará su contabilidad. Los servicios de valoración. Los servicios de auditoría interna, que convierten a la firma en control permanente de la propia empresa. El mantenimiento de relaciones empresariales con la entidad auditada. Los servicios de abogacía. La participación en la contratación de altos directivos o personal clave del cliente de auditoría. La prestación, por el socio firmante del informe, de servicios distintos del de auditoría a la misma entidad. Y, por último, la percepción de honorarios por servicios de auditoría y por servicios distintos de ella a un solo cliente, cuando constituyan un porcentaje indebidamente elevado del total de ingresos anuales del auditor, tomando la media de los últimos cinco años.

03 Lo que encontraron al preguntar

Conviene subrayar qué clase de trabajo es este, porque cambia el peso de su conclusión. No es un ensayo de opinión: es un estudio empírico. Los autores encuestaron a 266 profesionales especializados en auditoría y analizaron sus respuestas con métodos estadísticos.

De ahí salieron tres colectivos, que los propios autores nombran según el rigor que reclaman: los poco independientes, los algo independientes y los muy independientes. El hallazgo es que esos tres subgrupos se comportan de forma claramente diferenciada respecto del nivel de prohibición que debería aplicarse a los servicios adicionales. Dicho de otro modo: ni siquiera dentro de la profesión hay acuerdo sobre dónde está la línea.

Es una conclusión de los autores sobre su propio ordenamiento, y así hay que leerla. No dice nada sobre el Ecuador. Pero plantea una pregunta que sí nos toca: si una ley que enumera ocho prohibiciones concretas les parece insuficiente, ¿qué cabe decir de una que no enumera ninguna?

04 El contraste con el Ecuador

Aquí está el núcleo del apartado. Buscados uno por uno en el texto de la Sección IX, ninguno de esos ocho servicios aparece nombrado en los artículos 318 a 329 de la Ley de Compañías. No hay en nuestra ley un catálogo que prohíba valorar activos, montar sistemas contables, prestar servicios de abogacía o participar en la selección de directivos del cliente auditado.

No es un olvido: es otra técnica. El legislador ecuatoriano no enumeró servicios, escribió una cláusula general.

Esa sola frase abarca los ocho supuestos españoles y cualquier otro que se invente mañana, porque no describe qué servicio es sino que basta con que sea distinto del de auditoría. A esa cláusula se suma el artículo 328, que trabaja sobre personas y no sobre servicios.

Ninguna de las dos técnicas es superior por sí misma, y este material no sostiene que lo sea. Una lista es previsible y se queda vieja; una cláusula general no envejece pero exige que alguien decida, caso por caso, si el servicio prestado era o no «diferente» al de auditoría. Esa decisión, entre nosotros, corresponde a la Superintendencia.

01 Una advertencia antes de empezar

Este subpunto se desarrolla exclusivamente a partir de la normativa vigente, porque el corpus de la asignatura no contiene una fuente doctrinal dedicada a él. Todo lo que sigue puede comprobarse abriendo la Ley de Compañías, y esa es precisamente la destreza que el apartado quiere enseñar.

02 La ley como cuerpo

La codificación vigente de la Ley de Compañías se publicó en el Registro Oficial 312, de 5 de noviembre de 1999. Se ordena en secciones numeradas de la I a la XVIII: la XVII regula el Registro Crediticio y se agregó en 2012, y la XVIII contiene reglas de procedimiento para resolver controversias societarias. A ellas se suman dos secciones innumeradas, sin número romano, que el bloque ya recorrió: la de las sociedades por acciones simplificadas, agregada en 2020, y la de las empresas de beneficio e interés colectivo.

Y aquí está lo que conviene entender antes que cualquier otra cosa. La ley conserva la numeración de 1999, pero casi ningún artículo relevante conserva su redacción de 1999. Lo que hoy se lee bajo un número de aquel año es, la mayoría de las veces, texto sustituido por una reforma posterior.

03 La prueba está dentro de la propia ley

No hace falta creerlo por autoridad. La ley lleva su historial incorporado: el artículo 459 cierra el texto con la lista de fuentes de la presente edición, que enumera 29 entradas.

Esa lista empieza por la codificación de 1999 y termina en una sentencia de la Corte Constitucional publicada el 30 de julio de 2026. Entre una y otra hay leyes reformatorias, códigos orgánicos, un decreto ley y tres sentencias de la Corte Constitucional. Conviene retener ese detalle: no todo lo que modifica una ley procede del legislador.

04 Tres señales para reconocer una reforma

Un lector entrenado detecta las reformas sin salir del texto. Hay tres marcas visibles.

La primera son los artículos con numeración derivada, del tipo 216.1, 272.14 o 414.20. Cuando el legislador necesita insertar una regla nueva en el lugar exacto que le corresponde, no renumera la ley entera: le añade un decimal al artículo anterior. Cada uno de esos puntos decimales marca el sitio donde entró algo que en 1999 no existía.

La segunda son las secciones agregadas. A veces lo nuevo no cabe en un artículo: es una figura entera. Así entraron la Sección XVII en 2012 y las dos secciones innumeradas de las sociedades por acciones simplificadas y de las empresas de beneficio e interés colectivo.

La tercera son las notas entre paréntesis que encabezan casi todos los artículos, y que dicen qué norma los sustituyó o reformó y en qué Registro Oficial se publicó. Son la parte del texto que los estudiantes suelen saltarse, y la que más rápido revela si el artículo que están leyendo sigue diciendo lo que decía.

05 Dos reformas de 2023 que ya aparecieron en este bloque

El año 2023 dejó dos huellas que el estudiante encontrará una y otra vez. La primera llegó con la Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta, publicada el 20 de enero de 2023, que agregó a continuación del artículo 20 un artículo innumerado.

Es un buen ejemplo de las tres cosas que este apartado explica a la vez: una regla nueva, insertada como artículo innumerado, en un cuerpo legal de 1999. Y alcanza a todas las especies de compañías estudiadas en el bloque.

La segunda es la Ley Reformatoria para la Optimización e Impulso Empresarial y para el Fomento del Gobierno Corporativo, de 15 de marzo de 2023, que este bloque ya ha usado dos veces: de ella vienen la liquidación simplificada del subpunto 2.2.9 y la prohibición de adquisiciones recíprocas dentro de los grupos empresariales del subpunto 2.2.7. Es también la que reforzó la responsabilidad limitada frente a las obligaciones laborales y tributarias en el subpunto 2.2.3.

01 Qué es una compañía y cuántas hay

El artículo 1, estudiado en el subpunto 2.1.1, define la compañía por sus dos vías de nacimiento: el contrato entre dos o más personas y el acto unilateral de una sola. El artículo siguiente responde a la otra pregunta, la de cuántas formas hay disponibles, y lo hace con una lista cerrada.

Cuente los nombres y le saldrán siete. Cuente las especies y son seis: la ley reúne en un mismo enunciado la comandita simple y la dividida por acciones. Es el detalle que más se falla al citar este artículo, y explica por qué el bloque las estudió juntas en los subpuntos 2.2.1 y 2.2.2.

La última frase importa tanto como la lista: las seis constituyen personas jurídicas. Sea cual sea la forma elegida, nace un sujeto de derecho distinto de quienes la formaron. Y la lista es cerrada: el comerciante elige entre seis modelos, no inventa el suyo.

02 Lo que una compañía no puede ser

Antes de los requisitos de forma vienen los de fondo. El artículo 3 prohíbe la formación y el funcionamiento de sociedades contrarias a la Constitución y la ley, de las que no tengan un objeto real y de lícita negociación, y de las que no tengan esencia económica.

Deténgase en la tercera, que es la menos evidente y la más moderna. No basta con que el objeto social escrito en la escritura sea lícito: la ley exige que detrás de la forma haya actividad real. Una compañía correctamente constituida, con su objeto lícito redactado con esmero, puede igualmente estar prohibida si no es más que una cáscara.

A las reglas de fondo se suman dos de localización, breves y de aplicación constante. El artículo 4 dispone que el domicilio se fija en el contrato constitutivo, y el artículo 5, que toda compañía constituida en el Ecuador tiene su domicilio principal dentro del territorio nacional.

03 La regla general de constitución

Dos solemnidades y una fecha. Las solemnidades son la escritura pública ante notario y la inscripción en el Registro Mercantil del cantón del domicilio principal. La fecha es la que suele fallarse: la personalidad jurídica no nace cuando los socios firman ante el notario, sino desde la inscripción. El artículo 136 dice exactamente lo mismo para la compañía de responsabilidad limitada.

Y una regla que ahorra disgustos más adelante: el artículo 33 dispone que el aumento o disminución de capital, la prórroga, la transformación, la fusión, la escisión, el cambio de nombre, el cambio de domicilio y la disolución anticipada se sujetan a las mismas solemnidades establecidas para la fundación, según la especie de compañía. Lo que costó escritura e inscripción para nacer, cuesta escritura e inscripción para cambiar.

04 Los dos extremos que conviven en la misma ley

Hasta aquí, la regla general. Ahora los bordes, y la distancia entre ellos es lo más instructivo del apartado.

En un extremo, la forma más antigua. La compañía en nombre colectivo no se constituye solo ante notario.

Escritura pública, aprobación judicial, publicación de un extracto por la prensa e inscripción. Cuatro pasos, uno de ellos ante un juez. Es el trámite más pesado que la ley conserva, y conviene notar que ese artículo no lleva nota de reforma: sigue diciendo en 2026 lo que decía en 1999.

En el otro extremo, la forma más nueva.

Ni notario ni juez ni Registro Mercantil: documento privado inscrito en el registro de sociedades de la Superintendencia, como se vio en el subpunto 2.2.5, con publicación en su página web. La publicidad no desapareció; cambió de soporte, del periódico a la web institucional.

Maliza Cerezo, Castro-Cerezo y Maliza-Cerezo, al describir la constitución de la compañía en nombre colectivo, recorren ese mismo camino: escritura pública ante notario, aprobación judicial e inscripción en el Registro Mercantil, momento desde el cual la empresa nace legalmente. Conviene leerlo por lo que es, la descripción de una especie —la más exigente— y no del régimen común de todas.

01 Una ficción con consecuencias muy reales

Conviene empezar por la idea antes que por el artículo, y para eso sirve mirar hacia afuera. Óscar Humberto González Benjumea publicó en la revista Ratio Juris, de la Universidad Autónoma Latinoamericana, un estudio sobre la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles en Colombia. Es la única fuente comparada de este tema, y conviene leerla sabiendo de qué ordenamiento habla.

Al exponer la noción, transcribe el artículo 633 del Código Civil colombiano, que la define así:

Note la palabra que sostiene todo el edificio: ficticia. La personalidad jurídica no se descubre en la naturaleza, se crea por decisión del legislador. Es un ente inmaterial al que el derecho atribuye capacidad para tener bienes, contraer deudas y comparecer en juicio. Y su consecuencia práctica en el derecho colombiano, que González Benjumea subraya, es la separación patrimonial entre la sociedad y quienes la forman.

02 Cómo lo dice la ley ecuatoriana

Cuente los tres que la norma separa: socios, accionistas y administradores. No solo a quienes pusieron el dinero, también a quienes mandan. Es la formulación general de lo que este bloque vino aplicando forma por forma, desde el escudo de la compañía limitada hasta la renuncia voluntaria de la sociedad por acciones simplificada.

03 Cuándo la separación deja de operar

El mismo artículo dispone que esa distinción no tendrá lugar cuando se compruebe que la compañía fue utilizada en fraude a la ley o con fines abusivos en perjuicio de terceros. Y no deja los dos conceptos al criterio del intérprete: los define.

Y la responsabilidad no se detiene en quien se benefició. Responden personal y solidariamente quienes se hubieren aprovechado del abuso o del fraude, y también quienes los ordenaron, ejecutaron, realizaron o facilitaron. Alcanza además a los tenedores de los bienes, para efectos de su restitución, salvo los que hubieren actuado de buena fe.

04 Quién puede levantar el velo, y quién no

Aquí está lo que hace singular al artículo 17 ecuatoriano, y lo que ninguna fuente comparada de este cuaderno explica: la ley no se conforma con permitir el levantamiento del velo, sino que restringe severamente quién puede ordenarlo.

Lea el final de esa frase con atención, porque el legislador cerró la puerta con llave y tiró la llave: «en ningún caso, sin excepción». Ninguna autoridad administrativa, cualquiera que sea su rango o su materia, puede disponerlo.

Y el artículo añade una segunda prohibición, que apunta esta vez a los jueces: el levantamiento del velo tampoco puede ordenarse como medida cautelar, ni por un juez, ni por un tribunal, ni por ninguna otra instancia o funcionario. No es algo que se conceda al empezar el pleito para asegurar el resultado: es el resultado mismo, y llega con la sentencia.

Quedan entonces dos caminos judiciales, a elección del actor: plantearlo como una de las pretensiones de un juicio por colusión, o ejercer la acción de levantamiento del velo societario ante un juez de lo civil y mercantil del domicilio de la compañía o del lugar donde se celebró o ejecutó el acto dañoso. En sede arbitral cabe para conflictos intrasocietarios, si el estatuto social así lo determina.

05 Cómo es esa acción

Los artículos 17 A y 17 B, ambos sustituidos también en 2023, dibujan la acción con precisión procesal. Se dirige contra la compañía y contra los presuntos responsables, se tramita en procedimiento ordinario y admite, como providencias preventivas, prohibiciones de enajenar o gravar los bienes de esos presuntos responsables, ordenadas antes de cualquier citación con la demanda.

Tres rasgos más conviene retener, porque cierran huecos que el estudiante suele imaginar abiertos:

01 Qué es y hasta dónde llega

Lea la enumeración de ese artículo y verá el índice de este bloque: organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación. No hay un solo momento de la vida de una compañía que quede fuera. Y la primera palabra importa tanto como la lista: es un organismo técnico, con autonomía administrativa, económica y financiera.

El artículo 431 precisa a quiénes alcanza esa vigilancia: compañías anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta; empresas extranjeras que ejerzan actividades en el Ecuador, cualquiera que sea su especie; compañías de responsabilidad limitada; sociedades por acciones simplificadas; y bolsas de valores y demás entes, en los términos de la Ley de Mercado de Valores. Están, por tanto, las seis especies del artículo 2 que se estudiaron en el subpunto 2.4.2.

02 Cuándo controla, que es lo que más explica

Hasta aquí, lo previsible. Ahora la pieza que reordena buena parte de lo estudiado en el bloque.

La compañía nace primero y se revisa después. El control no es una puerta que haya que atravesar para existir, sino una mirada que llega cuando la empresa ya está funcionando. Y cuando llega, abarca todo: lo jurídico, lo societario, lo económico, lo financiero y lo contable.

La regla tiene excepciones tasadas, y el mismo artículo las enumera: la Superintendencia aprueba de forma previa todos los actos societarios de las compañías emisoras de valores inscritas en el registro del mercado de valores, de las compañías holding que voluntariamente hubieren conformado grupos empresariales, de las sociedades de economía mixta y de las que constituya el Estado bajo forma societaria, de las sucursales de compañías u otras empresas extranjeras, de las bolsas de valores y de las demás sociedades reguladas por la Ley de Mercado de Valores.

Mire qué tienen en común: dinero del público o dinero del Estado. Donde hay ahorro ajeno o recursos públicos de por medio, el legislador conservó el control anterior.

03 Con qué instrumentos trabaja

Tres, y el bloque ha usado los tres sin nombrarlos.

Normar. El artículo 433 le da potestad reglamentaria.

De esa facultad salieron las normas que este bloque ha ido citando: el reglamento sobre disolución, liquidación, cancelación y reactivación de 2021 del subpunto 2.2.9, la resolución sobre auditoría en prevención de lavado de activos de 2024 y la que fijó los umbrales de auditoría externa en salarios básicos en 2025, ambas del subpunto 2.3.

Inspeccionar. El artículo 438, letra c, faculta al Superintendente a inspeccionar las actividades de las compañías, por sí o por delegados, especialmente cuando tenga conocimiento de irregularidades o de infracciones a la ley, a los reglamentos, a los estatutos o a las resoluciones de la Superintendencia, o cuando socios o accionistas formulen denuncia fundamentada. La ley añade un requisito que conviene no olvidar: toda denuncia debe reconocerse ante el Superintendente o su delegado.

Sancionar. El artículo 457 fija las multas de esta ley hasta doce salarios mínimos vitales generales, graduadas según la gravedad de la infracción. Es el artículo al que remitía el 325 cuando una compañía obligada no contrata auditoría externa, como se vio en el subpunto 2.3.3.

04 Por qué está en la Constitución

Todo lo anterior podría estar solo en la Ley de Compañías, y no lo está. El artículo 213 de la Constitución —transcrito íntegro en los subpuntos 2.2.8 y 2.3.1— define a las superintendencias como «organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control».

Cuente las cuatro funciones y encontrará el bloque entero: la vigilancia del artículo 430, la auditoría de la sección 2.3, la intervención del subpunto 2.2.8 y el control que atraviesa todo. Ninguna es un añadido legal: las cuatro tienen rango constitucional.

Sobre la que suena más dura, la intervención, conviene volver a Ortiz Herbener, cuyo estudio sobre la intervención societaria se publicó en la Revista Jurídica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Su finalidad, en sus palabras, es «corregir o remediar las irregularidades». No destruir la compañía: enderezarla.